Los magistrados valencianos consideran "injusto y poco equitativo" el texto legal y quieren que la nueva norma tenga carácter retroactivo Afirman que los bancos no pueden pretender salir beneficiados a costa del endeudamiento ciudadano
Los jueces progresistas sostienen que los bancos deben asumir sus responsabilidades sobre la crisis económica y financiera por la que atraviesa el país. Y sostienen que la dación de la vivienda como pago de la hipoteca debe ser considerado como un pago "justo", independientemente de cómo puedan llegar a fluctuar las tasaciones y los valores de las viviendas en el mercado en situación de bonanza o de crisis. Ya que, según exponen, "el banco aceptó una tasación y en función a ella, concedió una hipoteca. Por lo tanto, esa hipoteca vale lo que vale la vivienda. No hay por qué pagar más y endeudar al máximo a una familia que ya ha perdido su hogar", sostiene Bosch.
Sin embargo, los magistrados no ponen ahí el freno. "También habría que considerar que el nuevo texto legal, ya reformado, tuviera un carácter retroactivo. Para conseguir compensar a los ciudadanos que ya se encuentran en una situación desesperada", sostiene.
Una interpretación flexible
La ley hipotecaria española es flexible. En opinión de los magistrados, el Código Civil español no habla de la dación en pago como modo extintivo de las obligaciones, aunque da por supuesta la institución en los artículos 1.521 y 1.636, al tratar de los retractos, y en algunas otras disposiciones. Esto significa que se recoge la figura de la dación en pago como método de saldar la hipoteca pero defiende que el banco pueda perseguir y embargar bienes y cuentas hasta que quede totalmente liquidado el préstamo hipotecario si en la subasta de la vivienda el precio que se ha pagado por ella no ha conseguido saldar, en totalidad, la deuda contraída con el banco. "Una situación muy injusta para el hipotecado" subraya el magistrado Bosch.
Así la ley, los tribunales pueden dar la razón o no, y los bancos alegan actuar amparados por la ley que les permite el cobro de la totalidad del préstamo y sus intereses. Sin embargo, la condición social y la sensibilidad hacia una situación de crisis hace que los magistrados emitan últimas sentencias favorables hacia los afectados. En enero, la Audiencia de Navarra dictó, contra todo pronóstico, una sentencia en la que consideró devolver al banco un piso hipotecado como cancelación de una hipoteca. El juez argumentó que la causa de la crisis económica viene dada por "la mala gestión del sistema financiero y las hipotecas basura". Esa sentencia fue el inicio de un debate que ya ha llegado al Congreso. En febrero, los grupos parlamentarios de PSOE y PP confirmaron en el Pleno su rechazo a tramitar una proposición de ley de ERC, IU e ICV que reclamaba cambiar la legislación hipotecaria. Sin embargo, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en un compromiso establecido con Joan Ridao (ERC) accedió esta pasada semana a que el Congreso estudie la dación del piso a cambio de saldar la deuda hipotecaria con el banco al completo. Esta nueva actitud del Gobierno sorprendió hasta a la propia ministra de Economía, Elena Salgado, quien ya se ha adelantado a advertir que este tipo de medida supondría un peligro para el sistema financiero español.
Adicae recabará apoyo para cambiar la ley
El debate sobre si es conveniente o no modificar la actual legislación sobre hipotecas ha llegado también al último eslabón, el de los usuarios. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha celebrado este fin de semana una jornada con el único objetivo de reclamar cambios en la ley hipotecaria. Durante el evento se habló de la necesidad de una reforma en el sistema para acabar con los "innumerables abusos", como las cláusulas suelo, que hace que haya hipotecas que tengan un tipo mínimo limitado independientemente del euribor. Un extremo que ha sido también duramente atacado por las asociaciones de consumidores.
El presidente de Adicae, Manuel Pardos, indica que las más de un cuarto de millón de ejecuciones hipotecarias desde 2007 y el clamor social "creciente" contra los abusos en las hipotecas "hacen imprescindible un debate serio para lograr una regulación justa y razonable".
Por esta razón, Pardos critica la actitud "cerril" de la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, y de las entidades financieras, que se oponen a los cambios en virtud de sus intereses "mezquinos". La Asociación anunció que instalará cuarenta mesas informativas en veintiocho provincias de quince comunidades autónomas para recabar el apoyo de los ciudadanos a una reforma de la actual regulación hipotecaria.
En la Comunitat Valenciana, en los últimos cuatro años, más de 50.000 personas han perdido su piso por no poder hacer frente al crédito hipotecario. levante-emv valencia
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